Gratuidad universitaria, costo de oportunidad e impuestos

Enrique Manzur

Un concepto básico y clave en el análisis económico es el de costo de oportunidad: aquello a lo que renunciamos cuando decidimos destinar recursos a una determinada opción. En otras palabras, representa el uso alternativo que tiene el dinero o tiempo cuando es asignado a una opción específica.

Eso es justamente lo que debiera estar al centro de la discusión sobre incrementar la cobertura de gratuidad en educación superior. A la fecha, de un total de 1,1 millones de estudiantes en ES, alrededor de 350.000 son beneficiarios de la política de gratuidad (pertenecen al 60% de menores ingresos), la cual requiere destinar US$ 1.700 millones al año del presupuesto fiscal. Lo anterior corresponde a un gasto promedio de US$ 4.900 por estudiante con gratuidad, en este escenario la pregunta es: ¿cuáles son los usos alternativos de dichos recursos?

Obviamente las respuestas son múltiples, partiendo por destinarlos a etapas previas del proceso educativo. A modo de referencia, la subvención por alumno prioritario en educación básica y media alcanza a US$1.800 al año. En este contexto, pareciera razonable no seguir destinando nuevos recursos en busca de alcanzar la gratuidad universal, la que requeriría destinar al menos US$3.000 millones adicionales anuales y que, por ejemplo, sobrepasa al gasto total del Pilar Solidario, el cual beneficia a más de 1,5 millones de pensionados vulnerables.

La consideración del costo de oportunidad es un precepto normativo, es lo que debe hacerse para asegurar la óptima asignación de los recursos. Sin embargo, la economía conductual y en particular el premio Nobel Richard Thaler, han demostrado que las personas, y también las organizaciones, tienden sistemáticamente a subestimar, o derechamente ignorar, los costos de oportunidad cuando estos no se presentan de manera explícita.

En el caso de los recursos estatales, lo anterior se ve agravado por el hecho de que para la mayoría de la ciudadanía el presupuesto público y su financiamiento es un completo enigma. Para muchos pareciera que el Estado produce de manera autónoma, casi mágica, los más de US$ 73.000 millones que componen el presupuesto fiscal anual. Sin embargo, actualmente el Estado casi no genera recursos de manera independiente; a modo de ejemplo, este primer semestre Codelco, la principal empresa pública, obtuvo un excedente de sólo US$ 340 millones, que anualizado corresponde a menos de un 1% del presupuesto público.

Por el contrario, la realidad es que más del 80% del presupuesto fiscal proviene de la recaudación de impuestos y de estos el más importante es el IVA, el más ubicuo de los impuestos y que todos sin excepción pagamos, que representa alrededor de la mitad del financiamiento público. Sin embargo, al estar su cobro incorporado en el precio final del bien o servicio que se adquiere, su recaudación tiende a pasar inadvertida. Por ello, la mayoría de los ciudadanos no percibe su pago, lo cual resulta muy útil para el recaudador, pero negativo para generar un espíritu fiscalizador entre los ciudadanos, exigir accountability, y promover con ello una adecuada asignación de los recursos públicos.

De esta manera, se configura un escenario perverso, en que por una parte se subestiman o ignoran los costos de oportunidad asociados a cada decisión y al mismo tiempo se desconoce el origen de los recursos utilizados por el Estado para financiarlas. Si queremos ciudadanos más empoderados, sería conveniente establecer mecanismos que visibilicen los impuestos que pagamos y los costos de oportunidad de su uso.